Derecho del consumidor: reclamos contra empresas

No siempre es un requisito, pero resulta conveniente: la constancia del reclamo previo y de la falta de respuesta constituye uno de los elementos de prueba más sólidos. Corresponde conservar el número de gestión y la fecha de cada comunicación.

Las acciones judiciales de consumo cuentan con el beneficio de justicia gratuita del art. 53 de la Ley 24.240, de modo que no debe abonarse tasa de justicia para promover el reclamo; el alcance del beneficio respecto de las costas se encuentra discutido en los tribunales. Los honorarios profesionales se pactan por escrito, conforme a las leyes arancelarias vigentes.

Si la reparación no resulta satisfactoria, la ley confiere al consumidor tres opciones a su elección: la sustitución por un producto equivalente, la devolución de lo pagado o una quita proporcional del precio (art. 17 de la Ley 24.240). La elección corresponde al consumidor, no al proveedor.

La Ley 24.240 no fija un plazo propio para las acciones judiciales de consumo: el art. 50 quedó circunscripto a las sanciones administrativas tras la reforma del Código Civil y Comercial. La jurisprudencia mayoritaria aplica el plazo genérico de cinco años del art. 2560, por ser el más protectorio; cuando el reclamo se encuadra como daños, el plazo es de tres años. Como los criterios varían según el tribunal, conviene consultar con antelación.

Sí. Una parte considerable de los incumplimientos de bajo monto se resuelve en la instancia administrativa en pocas semanas. Además, cuando medió trato indigno, el reclamo puede comprender el daño punitivo, que no se determina por el valor de lo adquirido.